Tras el Desastre de Annual el Gobierno Español autorizó al general Juan Picasso González para que redactara un informe en relación a los acontecimientos que sucedieron en La Comandancia General de Melilla en el periodo comprendido entre julio y agosto de 1921, el Expediente Picasso.
Desde el principio el general Picasso encontró problemas en su cometido. Solicitó al general Berenguer que le enviara el plan de operaciones que había usado el general Silvestre; pero Berenguer, por miedo a ser salpicado, dictó una Real orden que le notificaba que solo debía investigar los actos para deducir responsabilidades. Picasso no acepta y marcha a melilla a tomar declaraciones a los supervivientes del desastre. El 23 de enero de 1923 termina el informe y el 18 de abril se lo envía al Congreso. Se inician duros debates sobre los sucesos ocurridos en Melilla. Se reconocen bajas superiores a 13.000 muertos y comienza a extenderse el rumor de que el propio rey está implicado directamente en el desastre. Se acordó convocar al Pleno de la Cámara para efectuar una votación general sobre el asunto, pero ese pleno nunca llegó. Fue interrumpido por el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera cuya intención era destruirlo a toda costa, sin embargo Bernardo Mateo Sagasta rescató a toda prisa el expediente de los archivos del Congreso y lo ocultó en la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos, donde permaneció sigilosamente oculto hasta la llegada de la Segunda República.
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